Por Gerardo Blyde
Chaz = confiscación
EL METODO "CHAZ", proclamado por el Presidente como la fórmula para despojar a propietarios, no es más que una violación abusiva e ilegal del derecho de propiedad.
El mismo consiste en producir una ocupación de facto, no de derecho, amedrentando, secuestrando e incomunicando, para obligar a quien así es sometido a doblegarse y terminar pactando con el Gobierno la cesión aparentemente voluntaria de parte de su propiedad para no terminar perdiéndolo todo, al menos momentáneamente, pues cuando lo arrebatado parezca insuficiente, vendrán por el resto.
La propiedad es un derecho humano reconocido internacionalmente y, por si a alguien le queda alguna duda, baste sólo con citar el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 5 de febrero de 1951 por las Naciones Unidas que establece: "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".
EL METODO CHAZ es una descarada y arbitraria forma de privación de la propiedad y está expresamente prohibido por las Naciones Unidas. Nuestra historia republicana también ha protegido a la propiedad privada y ha prohibido las confiscaciones. Baste con referirnos por cuestión de espacio, a tres de las últimas constituciones venezolanas.
La Constitución de 1947, en su artículo 65, estableció que "La nación garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general".
Claramente establecía la propiedad como un derecho garantizado por la nación. Sin embargo, ésta debe responder a un interés social que obliga a quien ejerce el derecho a realizar contribuciones (fiscales) o a estar limitado, de acuerdo a la naturaleza del bien en algunos aspectos de ese derecho, siempre que medie un fin de utilidad pública o interés general o colectivo.
Así como se establecieron cargas al propietario en virtud de su derecho, también se establecieron cargas al Estado, que debe fundamentar de manera fehaciente la utilidad pública o el interés general en caso de necesitar, parcial o totalmente, ir en contra del derecho individual de propiedad.
La Constitución de 1961 estableció el derecho-garantía en los mismos términos dispuestos por la Constitución de 1947 (artículo 99), repitiendo los conceptos pero agregando lo siguiente: "Artículo 101. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Se sujetó así el proceso expropiatorio al Poder Judicial, para que el expropiado tuviera oportunidad de defenderse del decreto que alegaba la utilidad pública o el interés social, que debía ser probado por el ente expropiante, y se constitucionalizó el derecho a obtener una jus ta indemnización.
Adicionalmente las confiscaciones quedaron expresamente prohibidas así: "Artículo 102. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos permitidos por el artículo 250". (Apropiación de bienes públicos en virtud de usurpación de funciones de Gobierno o golpe de Estado).
LA CONSTITUCION VIGENTE, aprobada en 1999, establece aún de manera más clara el derecho-garantía, al no sólo proteger la propiedad sino mencionar de manera explícita sus atributos (uso, goce, disfrute y disposición).
Artículo 115. "Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Mejorando la técnica legislativa y asimilando los conceptos de las constituciones de 1947 y 1961, la vigente Carta Magna fundió la garantía del derecho de propiedad, sus atributos, las restricciones y el necesario procedimiento expropiatorio con fines de utilidad pública en una misma disposición. La prohibición de confiscaciones se desarrolló en el artículo siguiente (116).
NINGUNA DISPOSICION constitucional faculta al Presidente a aplicar su método Chaz, en el cual no media procedimiento judicial ni sentencia firme que compruebe la utilidad pública o el interés social alegado y probado por el Ejecutivo, ni la justa indemnización al propietario expropiado.
El método Chaz es una vulgar confiscación no voluntaria, producida por la utilización de la fuerza del Estado en contra de un ciudadano a quien, aun cuando la ley lo ampara, el poder del Estado lo deja en la más absoluta indefensión.
Geraldo Blyde
Chaz = confiscación
EL METODO "CHAZ", proclamado por el Presidente como la fórmula para despojar a propietarios, no es más que una violación abusiva e ilegal del derecho de propiedad.
El mismo consiste en producir una ocupación de facto, no de derecho, amedrentando, secuestrando e incomunicando, para obligar a quien así es sometido a doblegarse y terminar pactando con el Gobierno la cesión aparentemente voluntaria de parte de su propiedad para no terminar perdiéndolo todo, al menos momentáneamente, pues cuando lo arrebatado parezca insuficiente, vendrán por el resto.
La propiedad es un derecho humano reconocido internacionalmente y, por si a alguien le queda alguna duda, baste sólo con citar el artículo 17 de la Declaración Universal de Derechos Humanos aprobada el 5 de febrero de 1951 por las Naciones Unidas que establece: "Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad".
EL METODO CHAZ es una descarada y arbitraria forma de privación de la propiedad y está expresamente prohibido por las Naciones Unidas. Nuestra historia republicana también ha protegido a la propiedad privada y ha prohibido las confiscaciones. Baste con referirnos por cuestión de espacio, a tres de las últimas constituciones venezolanas.
La Constitución de 1947, en su artículo 65, estableció que "La nación garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general".
Claramente establecía la propiedad como un derecho garantizado por la nación. Sin embargo, ésta debe responder a un interés social que obliga a quien ejerce el derecho a realizar contribuciones (fiscales) o a estar limitado, de acuerdo a la naturaleza del bien en algunos aspectos de ese derecho, siempre que medie un fin de utilidad pública o interés general o colectivo.
Así como se establecieron cargas al propietario en virtud de su derecho, también se establecieron cargas al Estado, que debe fundamentar de manera fehaciente la utilidad pública o el interés general en caso de necesitar, parcial o totalmente, ir en contra del derecho individual de propiedad.
La Constitución de 1961 estableció el derecho-garantía en los mismos términos dispuestos por la Constitución de 1947 (artículo 99), repitiendo los conceptos pero agregando lo siguiente: "Artículo 101. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme y pago de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Se sujetó así el proceso expropiatorio al Poder Judicial, para que el expropiado tuviera oportunidad de defenderse del decreto que alegaba la utilidad pública o el interés social, que debía ser probado por el ente expropiante, y se constitucionalizó el derecho a obtener una jus ta indemnización.
Adicionalmente las confiscaciones quedaron expresamente prohibidas así: "Artículo 102. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos permitidos por el artículo 250". (Apropiación de bienes públicos en virtud de usurpación de funciones de Gobierno o golpe de Estado).
LA CONSTITUCION VIGENTE, aprobada en 1999, establece aún de manera más clara el derecho-garantía, al no sólo proteger la propiedad sino mencionar de manera explícita sus atributos (uso, goce, disfrute y disposición).
Artículo 115. "Se garantiza el derecho de propiedad. Toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general. Sólo por causa de utilidad pública o interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de bienes".
Mejorando la técnica legislativa y asimilando los conceptos de las constituciones de 1947 y 1961, la vigente Carta Magna fundió la garantía del derecho de propiedad, sus atributos, las restricciones y el necesario procedimiento expropiatorio con fines de utilidad pública en una misma disposición. La prohibición de confiscaciones se desarrolló en el artículo siguiente (116).
NINGUNA DISPOSICION constitucional faculta al Presidente a aplicar su método Chaz, en el cual no media procedimiento judicial ni sentencia firme que compruebe la utilidad pública o el interés social alegado y probado por el Ejecutivo, ni la justa indemnización al propietario expropiado.
El método Chaz es una vulgar confiscación no voluntaria, producida por la utilización de la fuerza del Estado en contra de un ciudadano a quien, aun cuando la ley lo ampara, el poder del Estado lo deja en la más absoluta indefensión.
Geraldo Blyde
Fuente : El Universal
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Français
" La méthode Chaz "
Par Gerardo Blyde
Chaz = confiscation
LA MÉTHODE "CHAZ", proclamée par le président, comme la formule permettant de dépouiller les propriétaires, n’est rien plus qu’une violation abusive et illégale du droit à la propriété.
Cette méthode consiste en une occupation de fait, et non de droit, menaçant, séquestrant, occupant par la force, dans le but d’obliger celui qui est soumis, à plier, et l’obliger à établir un pacte avec le gouvernement, en faisant une cession apparemment volontaire de ses biens, pour éviter de tout perdre, au moins momentanément, car lorsque ce qui lui a été spolié se montrera insuffisant, ils exproprieront ce qu’il reste.
La propriété est un des droit de l’homme, internationalement reconnu, et si quelqu'un en a le moindre doute, il suffit seulement de citer l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adopté le 5 Février 1951 par l'Organisation des Nations Unies qui stipule: "Tout le monde a le droit à la propriété individuelle et collective. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété".
LA METHODE CHAZ est une forme flagrante et arbitraire de privation de la propriété, et cela est expressément interdit par les Nations Unies. Notre histoire républicaine a également protégé la propriété privée, et interdit les confiscations. Il suffit de nous référer pour aller au plus court, à trois des dernières constitutions vénézuéliennes.
La Constitution de 1947, dans son article 65, établie que "la nation garantit le droit à la propriété. En vertu de sa fonction sociale, la propriété sera soumise aux contributions, restrictions et obligations imposées par la loi, à des fins d'utilité publique ou d'intérêt général".
Cette Constitution établissait clairement la propriété comme un droit garanti par la nation. Toutefois, elle doit répondre à un intérêt social, qui oblige celui qui est en charge de payer les contributions (impôts) ou qui se trouve limité selon la nature du bien par certains aspects de ce droit, chaque fois qu’il existe une fin d'intérêt public ou général ou collectif.
Tout comme ont été établis les charges du propriétaire conformément à sa législation, les charges de l’Etat ont également été établies, et doivent jeter les bases dignes de foi de l'utilité publique, ou de l'intérêt général, dans le cas ou, il faut aller contre le droit individuel de propriété.
La Constitution de 1961, a établi les garanties constitutionnelles de chacun, dans les mêmes termes qu’énoncés par la Constitution de 1947 (article 99), en reprenant les concepts, mais en ajoutant ce qui suit: Article 101. "L'expropriation de tout type de bien pourra être exécutée, uniquement pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social, et par une décision de justice définitive et le paiement d'une indemnité équitable".
La procédure d'expropriation a ainsi été assujetti au Pouvoir Judiciaire, et constitutionnalisé, de sorte que l'exproprié ait une chance de se défendre du décret affirmant l'utilité publique, ou l'intérêt social, qui devait être prouvé par l'organisme expropriateur, et avoir le droit à demander une indemnisation équitable.
En outre les confiscations ont été expressément interdites: Article 102. "Ne seront décrétées et/ou exécutées que les expropriations prévues par l'article 250". (Appropriation de biens publics en vertu d’usurpation de fonctions du gouvernement ou coup d’état).
LA CONSTITUTION EN VIGEUR, adoptée en 1999, offre encore plus clairement le droit aux garanties constitutionnelles de chacun, en protégeant non seulement la propriété, mais en mentionnent explicitement ses attributs (utilisation, jouissance, et disposition).
Article 115. Garantie du droit de propriété. "Chacun a le droit d'utiliser, jouir, et disposer de ses biens. La propriété sera soumise aux contributions, restrictions et obligations imposées par la loi, à des fins d'utilité publique ou d'intérêt général. L’expropriation de tout type de biens pourra être décrétée, uniquement pour des raisons d'utilité publique, ou d'intérêt social, par une jugement final et le paiement d'une indemnité équitable".
Améliorant la technique législative, et assimilant les concepts de la constitution de 1947 et 1961, la Constitution en vigueur, a unifié en une seule disposition, la garantie du droit de propriété, de ses attributs, de ses contraintes, et la procédure d'expropriation à des fins d'utilités publiques. L'interdiction de la confiscation est prévue à l'article suivant (116).
AUCUNE DISPOSITION constitutionnelle n’autorise le Président à appliquer sa méthode Chaz, dans laquelle il n'y a pas de procédure judiciaire, ni décision ferme qui prouve l'utilité publique ou l'intérêt social, allégués et prouvés par l'Exécutif, pas plus que l’indemnisation équitable, au propriétaire exproprié.
La méthode Chaz est une vulgaire confiscation non volontaire ; produit de l’utilisation de la force de l’État contre un citoyen qui, bien que protégé par la loi, est réduit à l'impuissance totale par le pouvoir de l'État.
Geraldo Blyde
Source : El Universal
Chaz = confiscation
LA MÉTHODE "CHAZ", proclamée par le président, comme la formule permettant de dépouiller les propriétaires, n’est rien plus qu’une violation abusive et illégale du droit à la propriété.
Cette méthode consiste en une occupation de fait, et non de droit, menaçant, séquestrant, occupant par la force, dans le but d’obliger celui qui est soumis, à plier, et l’obliger à établir un pacte avec le gouvernement, en faisant une cession apparemment volontaire de ses biens, pour éviter de tout perdre, au moins momentanément, car lorsque ce qui lui a été spolié se montrera insuffisant, ils exproprieront ce qu’il reste.
La propriété est un des droit de l’homme, internationalement reconnu, et si quelqu'un en a le moindre doute, il suffit seulement de citer l'article 17 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme adopté le 5 Février 1951 par l'Organisation des Nations Unies qui stipule: "Tout le monde a le droit à la propriété individuelle et collective. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété".
LA METHODE CHAZ est une forme flagrante et arbitraire de privation de la propriété, et cela est expressément interdit par les Nations Unies. Notre histoire républicaine a également protégé la propriété privée, et interdit les confiscations. Il suffit de nous référer pour aller au plus court, à trois des dernières constitutions vénézuéliennes.
La Constitution de 1947, dans son article 65, établie que "la nation garantit le droit à la propriété. En vertu de sa fonction sociale, la propriété sera soumise aux contributions, restrictions et obligations imposées par la loi, à des fins d'utilité publique ou d'intérêt général".
Cette Constitution établissait clairement la propriété comme un droit garanti par la nation. Toutefois, elle doit répondre à un intérêt social, qui oblige celui qui est en charge de payer les contributions (impôts) ou qui se trouve limité selon la nature du bien par certains aspects de ce droit, chaque fois qu’il existe une fin d'intérêt public ou général ou collectif.
Tout comme ont été établis les charges du propriétaire conformément à sa législation, les charges de l’Etat ont également été établies, et doivent jeter les bases dignes de foi de l'utilité publique, ou de l'intérêt général, dans le cas ou, il faut aller contre le droit individuel de propriété.
La Constitution de 1961, a établi les garanties constitutionnelles de chacun, dans les mêmes termes qu’énoncés par la Constitution de 1947 (article 99), en reprenant les concepts, mais en ajoutant ce qui suit: Article 101. "L'expropriation de tout type de bien pourra être exécutée, uniquement pour des raisons d'utilité publique ou d'intérêt social, et par une décision de justice définitive et le paiement d'une indemnité équitable".
La procédure d'expropriation a ainsi été assujetti au Pouvoir Judiciaire, et constitutionnalisé, de sorte que l'exproprié ait une chance de se défendre du décret affirmant l'utilité publique, ou l'intérêt social, qui devait être prouvé par l'organisme expropriateur, et avoir le droit à demander une indemnisation équitable.
En outre les confiscations ont été expressément interdites: Article 102. "Ne seront décrétées et/ou exécutées que les expropriations prévues par l'article 250". (Appropriation de biens publics en vertu d’usurpation de fonctions du gouvernement ou coup d’état).
LA CONSTITUTION EN VIGEUR, adoptée en 1999, offre encore plus clairement le droit aux garanties constitutionnelles de chacun, en protégeant non seulement la propriété, mais en mentionnent explicitement ses attributs (utilisation, jouissance, et disposition).
Article 115. Garantie du droit de propriété. "Chacun a le droit d'utiliser, jouir, et disposer de ses biens. La propriété sera soumise aux contributions, restrictions et obligations imposées par la loi, à des fins d'utilité publique ou d'intérêt général. L’expropriation de tout type de biens pourra être décrétée, uniquement pour des raisons d'utilité publique, ou d'intérêt social, par une jugement final et le paiement d'une indemnité équitable".
Améliorant la technique législative, et assimilant les concepts de la constitution de 1947 et 1961, la Constitution en vigueur, a unifié en une seule disposition, la garantie du droit de propriété, de ses attributs, de ses contraintes, et la procédure d'expropriation à des fins d'utilités publiques. L'interdiction de la confiscation est prévue à l'article suivant (116).
AUCUNE DISPOSITION constitutionnelle n’autorise le Président à appliquer sa méthode Chaz, dans laquelle il n'y a pas de procédure judiciaire, ni décision ferme qui prouve l'utilité publique ou l'intérêt social, allégués et prouvés par l'Exécutif, pas plus que l’indemnisation équitable, au propriétaire exproprié.
La méthode Chaz est une vulgaire confiscation non volontaire ; produit de l’utilisation de la force de l’État contre un citoyen qui, bien que protégé par la loi, est réduit à l'impuissance totale par le pouvoir de l'État.
Geraldo Blyde
Source : El Universal
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